Las consellerias de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de Hacienda y Administraciones Públicas trabajan para concretar la posibilidad de que el año que viene los ciudadanos que acometan la rehabilitación de sus viviendas se beneficien de incentivos fiscales.
Así lo ha asegurado hoy la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, tras inaugurar la jornada «Urbanismo: nuevas perspectivas para nuevos escenarios», que entre hoy y mañana reúne a gestores del Gobierno y las Comunidades Autónomas para analizar el futuro del urbanismo y la necesaria reconversión del sector de la construcción.
«La prioridad es pagar todas las ayudas concedidas y no pagadas, y hasta que no se pague, no habrá nuevas -ayudas-, pero abogamos y así se lo hemos trasladado al Ministerio y trabajamos con Hacienda, por que los ciudadanos puedan desgravarse directamente la rehabilitación en sus impuestos», ha apuntado.
De esta forma, se fomenta la rehabilitación legal y se evita la economía sumergida, según la consellera, que ha incidido en que los beneficios fiscales puede ser del Estado a través de los impuestos que recauda o de la Generalitat a través de los tramos autonómicos.
Para Bonig, apostar por la rehabilitación es «la forma más directa a medio y largo plazo de generar trabajo en un sector como el de la construcción tan castigado» y de hecho, ha apuntado que en la Comunitat Valenciana ha perdido 205.000 empleos entre 2007 y 2011 y en España 1.638.000.
«La rehabilitación puede ser un motor de activación económica», ha defendido, a la vez que ha incidido en la necesidad de actuar sobre el parque de vivienda «ya existente».
Bonig también ha hecho hincapié en la necesidad de «un cambio de mentalidad» respecto a la propiedad privada, «muy interiorizada» en España, frente al alquiler que predomina en otros países de Europa y ha defendido la apuesta del Gobierno por hacer más flexible la normativa para fomentar y dar más garantías para el alquiler.
El Gobierno trabaja en la Ley de Evaluación medioambiental y, según Bonig, la Generalitat quiere «acompasarla» a la tramitación de su nueva Ley Urbanística Valenciana para «luego no tener que modificarla».
