La UE, preocupada por la involución de la eólica y otras energías renovables en España

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) y APPA Eólica se reunieron el pasado jueves con el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, con el objetivo de trasladarle su descontento por las últimas medidas tomadas en materia energética y la situación que atraviesa el sector eólico en España. Oettinger mostró su preocupación por la falta de diálogo del sector con el Gobierno de cara a la próxima reforma energética y por el impacto en el sector de las últimas medidas regulatorias. El comisario pidió al sector que le enviase los datos sobre el impacto económico de esas medidas y aseguró que su misión es velar por el cumplimiento de las directivas europeas, incluida la de Energías Renovables. Asimismo, destacó la necesidad de que los inversores cuenten con “claridad y seguridad”.

Las tres asociaciones destacaron la historia de éxito de la eólica española, que se ha convertido en un ejemplo para la Unión Europea y el resto del mundo por el modo en que una adecuada política regulatoria se ha traducido en un sector que se ha desarrollado de modo ordenado y sin burbujas, cumpliendo siempre con los objetivos del regulador y creando una potente industria en todos los eslabones de la cadena de producción.

Sin embargo, las últimas medidas tomadas por el Gobierno español -el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y el Real Decreto-Ley 2/2013 aplicado con efectos retroactivos-, han tenido como consecuencia la pérdida de 25 empleos eólicos al día y el cierre de nueve fábricas, además de una merma de ingresos de 600 millones para el sector sólo en 2013. Estas medidas están poniendo en peligro la confianza de los inversores en que España sea capaz de cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables de cara a 2020. Asimismo, las asociaciones hicieron hincapié en que esta regulación, que supone la supresión del sistema de mercado más prima para la eólica, va en dirección contraria a las políticas de la Comisión Europea en relación a que los mecanismos de apoyo a las renovables en los países miembros deben responder cada vez más a las señales de mercado para mejorar su eficacia.

A juicio del sector, el error regulatorio cometido por España podría extenderse a otros países europeos, lo que supondría inseguridad jurídica e incumplimiento de los objetivos de la UE. Por ello, las empresas consideran que la Comisión debería tomar cartas en el asunto.